Aún hay mucho por hacer en materia de
derechos humanos: Diputados
9 de Octubre.- Durante
la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos,
Marco Antonio Güereca Díaz, los integrantes de la Sexagésima Octava
Legislatura, se pronunciaron por fortalecer las acciones para garantizar los
derechos humanos de los duranguenses, ya que aún hay mucho por hacer.
Durante
su tercer informe, el ombudsman estatal, destacó que dentro del periodo de junio de 2019 a mayo de 2020,
se recibieron 919 quejas por presuntas
violaciones a derechos humanos, donde
destacan la Agentes Investigadores del Ministerio Público con 132, la Policía Investigadora de Delitos con 113,
la Dirección Municipal de Seguridad
Pública de Durango con 89 y el Instituto
Mexicano del Seguro Social con 62, entre otros.
En
este sentido y a nombre de la coalición “Cuarta Transformación”, la diputada
Claudia Julieta Domínguez Espinoza, comentó que la CEDH tiene competencia para
conocer las quejas de violaciones de derechos humanos, sin embargo, tienen dos debilidades, su dependencia
histórica al poder ejecutivo, por lo que la sociedad asocia como instancias
protectoras de personas responsables de delitos y violaciones a los derechos
humanos y el carácter no vinculatorio de conductas que afectan a la sociedad.
Por
ello, cuestionó, cuáles es la respuesta respecto a los hechos que se suscitaron
con los trabajadores del sector de salud quienes se vieron violentados por personas
que desconocían los alcances del COVID-19, además afirmó que muchas de las violaciones quedan en puro
trámite, ya que carece de autonomía, por lo que consideró necesario brindar certeza a los duranguenses.
A nombre del GPPRI, la
diputada Sonia Catalina Mercado Gallegos, comentó que en el año 2019, según el
informe de la Entidad de Auditoría Superior, la Comisión de Derechos Humanos
incurrió en diversas anomalías en el uso del recurso público, que ascienden a
una cantidad de un millón 800 mil pesos en relación a comidas relativas al informe anterior,
playeras de una carrera infantil, impresión de libros para el informe,
impresión de folletería y publicidad, lonas, renta de locales, entre otros.
En este sentido, preguntó
con sentido autocrítico, si es necesario reorientar el uso de recursos de la
Comisión para cumplir de mejor forma su motivo de ser y si derivado de la
crisis sanitaria se ha observado
variaciones o incrementos en el número de quejas; si han presentado
quejas relacionadas con las medidas sanitarias y la autoridad; la atención
médica pública, o derivadas las modalidades educativas a distancia. También se
pronunció por redoblar esfuerzos ante los tiempos complicados que
vivimos para garantizar los derechos
humanos en salud y seguridad pública.
Dentro
de la ronda de preguntas, el diputado Gerardo Villarreal Solís, destacó que las
quejas más frecuentes ante el IEPC, son las relacionadas con la seguridad
personal, detención arbitraria , trato cruel o degradante , prestación
indebidamente el servicio públicos , donde nuevamente destacan la Policía
Investigadora, seguridad pública, funcionarios municipales y estatal, así como
el IMSS.
Sin embargo, destacó que dentro de las 919 quejas
que recibió la CEDH, solo 11 se
emitieron recomendaciones lo que sigue siendo bajo, por lo que destacó que existe opacidad como se manejan las
quejas, no se impulsa a las instituciones a reparar el daño provocado , ni las
reformas necesaria, por lo que preguntó qué esfuerzo se ha hecho para el
cumplimiento de las recomendaciones emitidas y prevenir abusos futuros, además
planteó la posibilidad de garantizar la no repetición, pero también reconoció la limitante que tienen de
recursos humanos y del presupuesto, ya que aún hay mucho por hacer.
En su intervención, el diputado David Ramos
Zepeda preguntó qué fin tuvo la denuncia por abuso de elementos de la dirección
de seguridad y que acciones se realizaron; además comentó que del total de
expedientes concluidos se observa que hubo falta de interés por parte de los
quejosos, al respecto indagó sobre lo que se puede hacer para que se incremente
el interés de la ciudadanía para hacer valer el respeto de sus derechos
humanos.
Fiscalía Anticorrupción ha sido ineficiente en su actuar: Diputados
9 de Octubre.- En Durango, la corrupción es uno de los
principales problemas que prevalecen al realizar algún trámite, por lo que la
Fiscalía de Combate a la Corrupción debe aprovechar mejor el tiempo y los
recursos económicos para cambiar la perspectiva que tienen la sociedad,
consideraron los diputados locales durante la comparecencia e informe del
Fiscal, Héctor García Rodríguez.
Durante la segunda sesión ordinaria y a nombre de la coalición “Cuarta
Transformación”, el diputado Alejandro Jurado Flores, comentó que luego del largo proceso para ser ratificado
y a más de un año aún no se consolida el
trabajo de la Fiscalía, ya que de las 155 denuncias, solo se han judicializado
10 carpetas y solo se tiene una orden de
aprensión, lo que representa un problema importante y deja de manifiesto que su
desempeño no ha sido de lo mejor.
En este sentido, preguntó en cuánto tiempo se
cumplirán los objetivos para los cuales fue creada la Fiscalía de Combate a la
Corrupción en el Estado y cuando se tendrán resultados palpables, ya que de
acuerdo a la encuesta nacional de calidad e impacto gubernamental que realiza
en INEGI, el Durango la taza de incidencia en tramites con servidores públicos,
donde se detectó un acto de corrupción fue
de 55 mil 200 casos por cada 100 mil habitantes, cifra por encima de la
media nacional.
Por su parte, el representante del PRI, Francisco Ibarra Jáquez comentó que
para Durango es importante contar con una dependencia cómo está, sin embargo, consideró que la realidad exige
aprovechar mejor el tiempo y los recursos para que se consolide los procesos de
investigación contra la corrupción.
Por ello,
preguntó cómo se planea avanzar a fin de no dejar rezago a en los diversos
trámites o denuncias que se presentan y bajo qué esquema lleva a cabo las
labores de peritaje para los casos que se presentan; ya que hay avances, pero
se pueden hacer con mayor agilidad con la suma de esfuerzo en plena división de
Poderes para contribuir por el bien del Estado.
A nombre del GPPAN, el diputado David Ramos Zepeda resaltó que hace algunos días se hizo pública el caso de
una funcionaria de la Subsecretaría de
Movilidad y de Transportes que pedía noches para otorgar placas del servicio de
taxi.
Al respecto, cuestionó si es el único caso que existe este sentido, cómo se tuvo conocimiento de él
y si hay más funcionarios involucrados;
además señaló que con trabajo se puede cambiar la perspectiva de la corrupción
que existe en Durango.
Siguiendo con los cuestionamientos, el diputado Gerardo Villarreal Solís
comentó solicitud de procedencia contra
dos servidores públicos del Tribunal Judicial de Estado y que revisó la
Comisión de Gobernación, preguntó si los juzgadores no tienen derecho a acceder
al sistema judicial, por el solo hecho de ostentar un cargo jurisdiccional.
Además, reconoció la colaboración con que
mantiene la Fiscalía con las
instituciones y el Congreso del Estado, aplaudió las acciones que fortalezcan
la presunción de irregularidades y dejó de manifiesto la disposición de seguir
colaborando de manera coordinada a favor de los duranguenses.
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