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Aumenta violencia en México por fallida política del gobierno federal

  19 de Junio.- “En México está aumentado la violencia, la estrategia de seguridad no funciona, cada vez tenemos un país violento e inseguro para los ciudadanos y  más difícil para la inversión”, consideró el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ricardo López Pescador.

 Al dar a conocer los resultados de los Indicadores de Gobernanza elaborados por el  Banco Mundial, destacó que los ciudadanos necesitan buenos niveles de vida, libertad de expresión, asociación y respeto, así como fortalecer sus derechos humanos.

 “Las calificaciones de México en cada uno de los seis indicadores están lejos de ser buenas, de ser óptimas y muestran que durante este gobierno federal la calidad de la gobernanza se ha deteriorado pese a que pretendan cubrir  con discursos todas las mañanas, quedando en dichos y palabras”, puntualizó.

 A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, informó  que del 2018 al 2021 México bajo en materia de rendición de cuentas, por lo que se tiene un retroceso, en estabilidad política y ausencia de violencia/terrorismo pasó de 23.11 a 23.58., prevalece la violencia en la mayoría de los estados del país.

 En lo que se refiere a  eficacia gubernamental,  bajó de 42.79 a 39.90. “Tenemos un gobierno más ineficiente”; en calidad regulatoria pasó de 59.62 a 44.23 a raíz de que no se tienen procesos transparentes y menos normas que dejan abierto el campo a la discrecionalidad. “Es una caída drástica”.

 Otro de los rubros que preocupa a los ciudadanos es el Estado de Derecho que pasó de 28.85 a 28.37; en control de la corrupción cambió de 16.83 a 16.70,, lo cual es algo complicado.

 “La herencia para quien encabece el próximo gobierno de la República, ya sea hombre o mujer,  será diseñar  políticas públicas que permitan mejorar la calidad y eficiencia de la gobernanza del país, que durante este gobierno ha caído a su nivel más bajo, lo cual nos preocupa y ocupa”, anunció el legislador.

 Finalmente, explicó que la buena gobernanza añade una dimensión normativa o de evaluación al proceso de gobernar, desde la perspectiva de los derechos humanos al proceso mediante el cual las instituciones públicas dirigen los asuntos públicos, gestionan los recursos comunes y garantizan la realización de los derechos humanos. 

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