Un retroceso, reforma a la Ley de Amparo: Rocío Rebollo
15 de Octubre.- “La
reforma a la Ley de Amparo representa un retroceso en la protección de los
derechos de los ciudadanos frente al poder público, al limitar una de las
herramientas jurídicas más importantes del país”, advierte la diputada Rocío Rebollo
Mendoza.
Al
hacer uso de la tribuna, aclaró que la Ley de Amparo fue creada para proteger a
los ciudadanos de los abusos de la autoridad, no para proteger al gobierno de
los ciudadanos, ya que los que están indefensos son los particulares ante el
gobierno.
La
legisladora priista consideró que la iniciativa aprobada por la mayoría
automática en la Cámara de Diputados y regresada al Senado responde a la lógica
de construir un gobierno autocrático, debilitando el equilibrio de poderes y
reduciendo los contrapesos institucionales.
Además,
Rocío Rebollo, alertó que la atención pública se ha concentrado en el artículo
transitorio que permitiría la aplicación retroactiva de la ley, cuando en
realidad hay temas de fondo que requieren un debate técnico y político más
profundo.
“El
análisis debe ir más allá de la retroactividad. Debemos discutir la
redefinición del interés legítimo, la restricción de las suspensiones, el
cumplimiento de sentencias y los efectos reales de la reforma en lo social y en
lo jurídico”, señaló a nombre del Grupo Parlamentario del PRI
Asimismo,
cuestionó que los foros de parlamento abierto realizados por la Cámara de Diputados
se desarrollaran “a toda prisa”, sin el tiempo necesario para escuchar a
expertos ni valorar el impacto de los cambios.
“Hubiese
sido una oportunidad doblemente valiosa para revisar integralmente la reforma y
preguntarnos si no estamos convirtiendo al amparo, ese escudo histórico del
pueblo, en una herramienta cada vez más pequeña y menos accesible”, sostuvo.
Rebollo
Mendoza subrayó que el amparo es un litigio de derecho público, donde la
contraparte siempre es el Estado, y por ello resulta preocupante que la
iniciativa incline la balanza a favor del poder y no del ciudadano.
“Agregar
requisitos para obtener una suspensión en casos fiscales o financieros es una
forma de dejar indefenso al contribuyente. Un error administrativo podría
costar millones sin posibilidad de defensa inmediata”, ejemplificó.
Finamente,
indicó que, sin la suspensión provisional, los ciudadanos serían “culpables de
facto”, al no poder detener los efectos de una resolución de autoridad mientras
se desarrolla el juicio.
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