Promueve Jugocopo procesos de entrega-recepción más transparentes
15 de Junio.- Los
integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política plantearon reformas
a la Ley para la Entrega-Recepción de las Administraciones Públicas del Estado
y Municipios, para fortalecer la legalidad, la transparencia, la rendición de
cuentas y la seguridad jurídica en los procesos de transición de las
instituciones públicas.
De
esta manera, la propuesta que encabeza el diputado Ernesto Alanís Herrera,
establece disposiciones más claras para que las personas servidoras públicas de
los Poderes del Estado, organismos autónomos, municipios y demás entes que
administren recursos públicos entreguen, al concluir su encargo, los recursos
humanos, financieros y materiales, así como la documentación, información y
asuntos bajo su responsabilidad, garantizando una adecuada continuidad
administrativa.
Las
reformas responden a la necesidad de actualizar el marco normativo vigente y
armonizarlo con la Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General
de Responsabilidades Administrativas y demás ordenamientos aplicables, a fin de
consolidar procesos de entrega-recepción más eficientes, transparentes y
acordes con los principios de Gobierno Abierto.
Entre
los principales cambios se busca fortalecer el papel de la Secretaría de
Contraloría y Transparencia Gubernamental, al facultarla expresamente para
emitir formatos y modelos de actas aplicables a todos los sujetos obligados, lo
que permitirá homologar procedimientos y brindar mayor certeza jurídica a las
partes involucradas.
Asimismo,
se propone ampliar diversos plazos relacionados con notificaciones,
requerimientos y diligencias, con el objetivo de hacerlos más razonables y
acordes con la operación de las instituciones públicas, garantizando el debido
proceso y la protección de los derechos de quienes participan en estos
procedimientos.
La
iniciativa también reconoce que el proceso de entrega-recepción puede
complementarse mediante una junta de aclaraciones posterior a la firma del acta
correspondiente, permitiendo solventar inconsistencias y fortalecer la
integridad del procedimiento. Además, actualiza las obligaciones de las
personas servidoras públicas entrantes para que puedan reportar irregularidades
detectadas durante la revisión de los bienes, recursos y documentos recibidos.
De
igual manera, se incorpora la figura de la entrega preliminar como un mecanismo
que permita asegurar la continuidad operativa de las instituciones,
especialmente en lo relativo a recursos, archivos y asuntos urgentes, evitando
afectaciones al interés público durante los cambios de administración.
Otro
aspecto relevante es la ampliación y precisión de la información que deberá
integrarse en las actas de entrega-recepción, incluyendo elementos como la
estructura orgánica, el marco jurídico aplicable, los programas en ejecución y
un informe ejecutivo, herramientas que facilitarán la toma de decisiones y las
tareas de fiscalización.
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