Coordinación interinstitucional, fundamental para mantener seguro a Durango: Congreso.
23 de Septiembre.- Las
y los diputados locales refrendaron el compromiso del Congreso del Estado de
mantendrá una coordinación interinstitucional con la Secretaría General de
Gobierno, la Secretaría de Seguridad Pública y la fiscalía general del Estado,
a fin de fortalecer las acciones de seguridad, preservar la gobernabilidad,
garantizar la certeza jurídica y la procuración e impartición de justicia en
beneficio de las familias duranguenses.
Durante
la comparecencia correspondiente al Tercer Eje, “Durango Seguro, Respetuoso y
en Paz”, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política,
Alejandro Mojica Narvaez, reiteró el compromiso del Poder Legislativo de
continuar trabajando de manera coordinada en materia de seguridad y reconoció a
las y los elementos de las corporaciones que diariamente salen a las calles de
los 39 municipios, poniendo en riesgo su vida para contribuir a preservar la
paz social.
Su
compañero de bancada, Fernando Rocha Amaro, reconoció el trabajo que se realiza
para combatir la incidencia delictiva y consolidar el Estado de Derecho.
Destacó que la procuración de justicia debe tener como prioridad la protección
de las víctimas y planteó la necesidad de fortalecer las acciones frente a
problemáticas como la extorsión en La Laguna y la atención a las familias de
personas desaparecidas, mediante una actuación institucional que genere certeza
y acompañamiento.
En
su intervención, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Ernesto Alanís
Herrera, agradeció la apertura mostrada durante este ejercicio de rendición de
cuentas y señaló que la seguridad requiere del trabajo conjunto entre el
gabinete estatal y el Poder Legislativo. Manifestó la disposición de su bancada
para coordinar acciones y analizar los presupuestos necesarios que permitan
fortalecer las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
A
su vez, el diputado Iván Soto Mendía destacó que el trabajo en equipo permite
obtener mejores resultados y expresó el respaldo a las acciones encaminadas a
preservar la seguridad en Durango. Como parte de su intervención, preguntó
sobre la operación del modelo de mando único en las diferentes regiones del
estado donde existen retos en materia de seguridad, así como los resultados que
ha generado la coordinación con las instituciones federales.
La
coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena y presidenta de la Comisión de
Seguridad Pública, Sandra Lilia Amaya Rosales, puso especial énfasis en que la
seguridad debe atenderse desde la prevención y reiteró que el Poder Legislativo
continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades responsables,
mediante reuniones de seguimiento y revisión de avances. Destacó que la nueva
Ley de Seguridad Pública debe traducirse en políticas efectivas, coordinación
interinstitucional y resultados concretos para las y los duranguenses.
Los
diputados Ulises Adame y Georgina Solorio, de Morena, abordaron temas relacionados
con la regulación de las plataformas digitales de transporte y los beneficios
que estas medidas representan tanto para usuarios como para conductores, así
como actuación de la Fiscalía en la detención de los integrantes del Frente
Unidos del Pueblo de La Laguna, y solicitó mayor claridad sobre estos hechos.
El
diputado de Movimiento Ciudadano, Martín Vivanco Lira, centró su intervención
en la situación de los notarios vinculados a procesos judiciales y planteó qué
acciones se implementarán para evitar que situaciones similares vuelvan a
ocurrir, así como para garantizar certeza jurídica a la ciudadanía. Recordó la
iniciativa que presentó para fortalecer la supervisión de la instancia
responsable de esta función.
Finalmente,
el diputado Osbaldo Santillán celebró las acciones expuestas durante la
comparecencia y reconoció el trabajo de los titulares de las instituciones
responsables, al tiempo que llamó a mantener los esfuerzos para fortalecer la
procuración de justicia en beneficio de la población. Preguntó cuáles son los principales
factores que actualmente dificultan una respuesta más eficaz de la Fiscalía a
las víctimas.
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