Aprueba Congreso reformas constitucionales para fortalecer
propiedad indígena.
2 de Noviembre.- Por
unanimidad, el Congreso del Estado aprobó reformas a la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de fortalecer la protección
de la propiedad social y reconocer los derechos colectivos de los ejidos y las
comunidades agrarias e indígenas, garantizando mayor certeza jurídica sobre sus
territorios y patrimonio.
La
Comisión de Puntos Constitucionales presentó al pleno el dictamen de
modificación al artículo 27, que busca fortalecer la protección de la propiedad
social mediante el reconocimiento de los ejidos y las comunidades agrarias como
sujetos de derecho público, con personalidad jurídica plena, patrimonio propio
y acceso directo a programas, recursos públicos y mecanismos de desarrollo
económico, social, ambiental y productivo.
Durante
la discusión del dictamen, el diputado Bernabé Aguilar Carrillo destacó que
hablar de propiedad social significa hablar de la historia, las raíces y la
lucha de miles de mujeres y hombres del campo que, generación tras generación,
han defendido la tierra como patrimonio familiar y fundamento de la vida
comunitaria.
“La
tierra no representa únicamente una superficie para producir alimentos, sino
también identidad, cultura, pertenencia, trabajo y futuro. En el caso de los
pueblos indígenas, el territorio constituye una parte esencial de su
organización comunitaria, sus tradiciones y su relación con la naturaleza”,
puntualizó.
El
legislador subrayó que esta discusión va más allá de un asunto técnico o
jurídico, pues se trata de proteger los derechos de quienes han conservado sus
tierras a pesar de las dificultades económicas, las desigualdades históricas y
las presiones que enfrentan las comunidades rurales.
Asimismo,
destacó que el dictamen contempla medidas para proteger la integridad de las
tierras de los pueblos indígenas, ejidos y comunidades, así como prevenir el
despojo, la especulación inmobiliaria y la concentración indebida de derechos
agrarios.
Aguilar
Carrillo indicó que estas disposiciones también vinculan la propiedad social
con objetivos de interés público, como la soberanía alimentaria, la
conservación ambiental, el desarrollo regional sustentable y el bienestar de
las comunidades agrarias.
Desde
la tribuna, afirmó que la justicia social debe traducirse en el respeto a los
derechos, la atención a las comunidades históricamente rezagadas y la
generación de oportunidades para quienes han contribuido al desarrollo del país
desde el campo.
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