AGENDA LEGISLATIVA
Propone Sandra Amaya antidoping obligatorio y aleatorio para elementos de seguridad.
“La confianza ciudadana no se construye únicamente con más
patrullas, más equipamiento o más elementos en las calles. También se construye
estableciendo reglas claras y fortaleciendo los controles institucionales. No
se trata de desconfiar de nuestras corporaciones; se trata de fortalecerlas”,
expresó al hacer uso de la tribuna.
Señaló que el consumo
de sustancias psicotrópicas, estupefacientes o aquellas que produzcan efectos
similares puede representar un riesgo para los propios elementos, sus
compañeros y, principalmente, para la sociedad. Por ello, consideró necesario
establecer reglas claras que permitan garantizar el adecuado desempeño de las
corporaciones.
Como parte de su exposición de motivos, mencionó que
entidades como Nuevo León y Zacatecas ya contemplan evaluaciones toxicológicas
para sus elementos policiales. Asimismo, destacó las acciones emprendidas en
Gómez Palacio, donde en mayo de 2026 se promovieron pruebas antidoping sorpresa
para alrededor de 200 elementos de Tránsito y Vialidad.
Asimismo, propone adicionar disposiciones al artículo 85 para
establecer la obligación de abstenerse de consumir sustancias que alteren las
capacidades físicas o mentales, reconociendo las excepciones correspondientes
al uso de medicamentos legalmente prescritos por profesionales de la salud.
Otro de los planteamientos consiste en establecer
expresamente que los integrantes de las corporaciones deberán someterse a
evaluaciones toxicológicas obligatorias, periódicas y aleatorias, conforme a
los criterios y disposiciones de las autoridades competentes. También se busca
impedir que cualquier persona servidora pública se presente a desempeñar sus
funciones bajo los efectos de sustancias que alteren su estado físico o mental.
Sandra Amaya enfatizó que esta propuesta no pretende
criminalizar, estigmatizar ni perseguir a los integrantes de las corporaciones
policiales, sino dignificar su labor, fortalecer la disciplina institucional y
generar mayor confianza entre las autoridades y la ciudadanía.
En ese sentido, precisó que las evaluaciones deberán
realizarse bajo criterios técnicos y garantías jurídicas, de manera que
cualquier resultado positivo preliminar sea confirmado mediante los
procedimientos analíticos correspondientes. Además, deberán protegerse los
datos personales, considerar los medicamentos prescritos legalmente y
garantizar el derecho de audiencia y el debido proceso.



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