Castigarán violencia política
contra las mujeres
3 de Junio.- Por unanimidad, el Congreso del Estado
aprobó las reformas Ley de las Mujeres para una Vida sin Violencia, con la
finalidad de sancionar toda violencia política de género e institucional, que
se ejerce contra el sector femenino y de esta manera garantizar sus derechos
fundamentales y políticos.
Previo a la clausura del Periodo
Ordinario de Sesiones, la Comisión de Igualdad de Género, sometió a
consideración de los integrantes de la Sexagésima Octava Legislatura, el
dictamen que fue resultados de las iniciativas que en su momento presentaron
los Grupos Parlamentarios del PRI, Morena y del Partido del Trabajo.
De esta manera, se establece que la
violencia política contra las mujeres en razón de género es toda acción u
omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida
dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado
limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y
electorales de una o varias mujeres.
Así como restringir el acceso al pleno
ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad, el
libre desarrollo de la función pública, la toma de decisiones, la libertad de
organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, tratándose de
precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo.
En este sentido, este tipo de violencia
puede ser ejercida por superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas
dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatas,
precandidatos, candidatas o candidatos postulados por los partidos políticos o
representantes de los mismos; medios de comunicación y sus integrantes, por un
particular o por un grupo de personas particulares.
En lo que se refiere a la violencia
contra las mujeres en el ámbito institucional, se establece en la ley que son
los actos u omisiones de las y los servidores públicos de cualquier orden de
gobierno que discriminen o tengan como fin dilatar, obstaculizar o impedir el
goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, así como su acceso al
disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar,
sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
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