AGENDA LEGISLATIVA

Prevalecen acuerdos en el Congreso del Estado

  

 2 de Febrero.- 2021 será un año de mucho trabajo, puntualizó la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Sandra Lilia Amaya Rosales. “Estamos dando pasos fuertes, presentando iniciativas y sacando las que se tenían pendientes”, agregó.

 En este sentido, la representante popular destacó que, en la actual legislatura, han prevalecido los acuerdos parlamentarios, situación que se ve reflejado en el bienestar de los duranguenses.

 Asimismo, Amaya Rosales precisó que el trabajo legislativo no se verá afectado por el periodo electoral de este año.

 “Es lo que la gente espera de los diputados, que podamos sacar todo lo que está pendiente, todo lo que nos han llevado”, expresó la diputada.

 De la misma manera, la legisladora resaltó que, al interior de las comisiones, así como en el Pleno, se ha hecho a un lado el tema de los partidos políticos, lo que ha derivado en una productividad intensa en el Congreso Local.

 “Es lo que (los diputados) queremos, que la mayoría de los ciudadanos estén tranquilos, que estén bien (…) Hemos tratado que todos los asuntos parlamentarios sean a través de acuerdos y consenso”, afirmó Sandra Amaya.

 Por otro lado, aseguró que los diputados locales son defensores y representantes de los ciudadanos, por lo que, gran parte de los decretos aprobados durante este periodo, han sido buscando el beneficio de todos los sectores de la sociedad.

 “Tenemos que ser el puente para que la gente se acerque y pueda resolver sus problemas, o pueda ver que está cerca del diputado y que vea, que estamos haciendo algo por ellos”, finalizó.

 Cabe señalar que, según lo informado por la legisladora, el 15 de febrero comenzará el segundo periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio constitucional, en el que estarán sesionando los 25 diputados.

Necesario fortalecer el combate a las ORPI: Morena-PT

 2 de Febrero.-  Con el objetivo de endurecer las sanciones a las Operaciones de Recursos con Procedencia Ilícita (ORPI), así como reforzar el combate a la corrupción, la coalición parlamentaria ‘Cuarta Transformación’, presentó iniciativa en la que se prevé reformar el Código Penal de Durango.

 En la citada iniciativa, se prevé agregar como modalidades del delito de operaciones con recursos públicos, además de las ya establecidas en la actual legislación, los actos de “poseer”, “convertir”, “recibir” o “retirar por cualquier motivo”, “ocultar” o “tratar de ocultar el origen o propiedad” de bienes de cualquier naturaleza, cuando el responsable tenga conocimiento que proceden de una actividad ilícita.

 Asimismo, precisa que el delito de ORPI, se considerará hecho de corrupción cuando los recursos, derechos o bienes procedan, o representen el producto de una actividad relacionada con los delitos de intimidación, enriquecimiento ilícito, ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad, uso indebido de atribuciones y facultades, tráfico de influencia, cohecho, peculado, concusión y ejercicio abusivo de funciones.

 En este sentido, las penas previstas se duplicarán, si la conducta es cometida por servidores públicos encargados de prevenir, detectar, denunciar, investigar o juzgar la comisión de delitos o ejecutar las sanciones penales.

 También, las penas se aumentarán hasta en una mitad si quien realice cualquiera de las conductas previstas en este artículo utiliza a personas menores de dieciocho años de edad o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o que no tiene capacidad para resistirlo.

 Con esta figura delictiva es posible para el Ministerio Público especializado en combate a la corrupción investigar y perseguir a los servidores públicos responsables de movimientos de dinero o bienes producto de actividades ilícitas, en las que frecuentemente se utilizan terceros como las agencias inmobiliarias, empresas fantasmas y las instituciones financieras nacionales e internacionales.

 Sin embargo, la redacción del texto vigente del Código Penal de Durango presenta insuficiencias que impiden identificar las conductas consistentes en la adquisición, enajenación u ocultamiento de recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, que provengan o sean producto de una actividad ilícita, así como la o las personas responsables o partícipes en su comisión.

 Es de destacar la importancia de contar con un marco normativo penal que reconozca y responsa a la evolución permanente, mecanismos e instrumentos que utilizan los infractores de los delitos de corrupción.