AGENDA LEGISLATIVA

 Propone Sandra Amaya que certificado de vacunación sea obligatorio

                                                             

 21 de Septiembre.- “La pandemia llegó para quedarse y es tarea de todos seguir cuidándonos, es por ello que debemos implementar reformas a nuestro marco normativo, que permitan intensificar los esfuerzos encaminados a disminuir los contagios dentro de nuestro territorio”, subrayó la diputada local Sandra Lilia Amaya Rosales.

 Lo anterior, al presentar, a nombre del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional, una iniciativa con reformas y adiciones a la Ley que Regula Medidas para la Prevención de la Transmisión del Virus Sars-Cov2, a fin de que, una vez concluidas todas las etapas de vacunación, se solicite a quien pretenda tener acceso a establecimientos públicos y privados, le sea solicitado el certificado de vacunación expedido por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal.

 “Es importante establecer puntualmente, medidas que permitan proteger y salvaguardar la salud y la vida de las y los duranguenses”, manifestó la legisladora.

 De esta manera, la propuesta busca establecer que, en todo establecimiento comercial, industrial, empresarial, de negocios o de servicios, tanto los propietarios, administradores, empleados, así como los proveedores, clientes, usuarios y asistentes a los mismos, estarán obligados a portar el certificado de vacunación.

 Asimismo, quien incumpla con la medida establecida, no se permitirá el acceso al lugar y tampoco se le podrá brindar la atención o servicio solicitado.

 “Con esta medida, podremos evitar de manera significativa, los contagios ocasionados por las aglomeraciones, además de tener más control en el acceso a establecimientos donde pudieran llegar personas contagiadas por el coronavirus”, agregó Amaya Rosales.

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Buscan regularizar fraccionamientos                                                                  

21 de Septiembre.- Ante los problemas que enfrentan las familias que adquirieron viviendas en fraccionamientos irregulares, a causa de la falta de servicios públicos, diputados priistas promueven Iniciativa para reformar la Ley de Desarrollo Urbano, con el objetivo de crear las disposiciones legales que haga más accesible el cumplimiento de los requisitos para lograr la municipalización de los centros habitacionales.

A través de Ricardo Pacheco, la bancada tricolor en el Congreso Local, presentó la propuesta para modificar el marco jurídico en mención, luego de que, durante sus campañas de proselitismo, se encontraron con buen número de fraccionamientos en condiciones irregulares, y el clamor de sus habitantes por la falta de servicios de agua potable, drenaje, alcantarillado, recolección de basura, alumbrado público, policía y tránsito, entre otros.

En su exposición de motivos, Ricardo Pacheco pidió al pleno de Legisladores, instruir a la Comisión Legislativa que se encargará de dictaminar el planteamiento, ventilar el contenido de la Iniciativa con los diferentes sectores de la sociedad involucrados, como son los fraccionadores, constructores, promotores de vivienda, Ayuntamientos, organismos autónomos que proporcionan los servicios de agua potable, limpia, etc., cámaras empresariales y de profesionistas, entre otros.

Con las opiniones y sugerencias de los involucrados en el tema, se enriquecerá la propuesta de enmienda a la Ley de Desarrollo Urbano, de tal manera que los adquirientes de viviendas dispongan de inmediato de los servicios públicos. Y los fraccionadores puedan cumplir con el mandamiento, con reglas claras y accesibles.

Según lo explicó el diputado priista en la tribuna, la norma que surja del procedimiento legislativo que ya inició, deberá incluir el fomento e incentivo para que aquellos fraccionamientos que llevan años sin poder municipalizarse, se puedan regularizar en aras de que lleguen los servicios públicos a las familias que los habitan.

Pero además los desarrolladores de vivienda deberán garantizar a quienes adquirieron un patrimonio de bienes raíces, que se cuente con todos los servicios urbanos, conforme lo hayan estipulado en los contratos de compra-venta, según las quejas que los diputados han captado de los inconformes.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Desarrollo Urbano, con el fin de que lleve a cabo el proceso de dictaminación, que comprenderá, conforme la petición del legislador promovente, la socialización con especialistas de los sectores que participan.